$3.100 millones es lo que recibirán abogados Ossa y Cía por el acuerdo con habitantes de Caimanes

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Hace poco supimos por distintos canales que finalmente, y luego de años de batalla, no se hará efecto la demolición del muro de tranque El Mauro, por orden de la Corte de Apelaciones de La Serena (decisión tomada el pasado 9 de agosto).

Tras este fallo, The Clinic nos informa sobre esta enorme suma de dinero que recibirán los abogados que lograron un acuerdo sin precedentes con la comunidad de la zona.

El “Acuerdo Marco de Entendimiento y Cooperación Recíproca entre la empresa minera del grupo Luksic y los habitantes del Valle del Pupío” tiene un presupuesto total de 24.700 millones de pesos y que podría aumentar en otros 30 millones de dólares si es que la empresa, previa consulta a la comunidad, decide construir un nuevo tranque en la zona o agrandar hasta en 63 metros El Mauro. El documento asegura el retiro de procesos judiciales de un número importante de habitantes del pueblo contra la empresa, aunque el Comité de Defensa asegura que seguirá adelante y buscarán en las próximas semanas revertir el último fallo adverso en la Corte Suprema y la última resolución de la Corte de Apelaciones de La Serena.

Un monto total, único y bruto de 2.400 millones de pesos por concepto de honorarios más otros 700 millones de pesos por los gastos incurridos en los juicios (3.100 millones en total), es la suma que recibirá el estudio de abogados Ossa y Cía por el acuerdo para poner fin a los conflictos legales que sostenían los habitantes del pueblo de Caimanes con la Minera Los Pelambres por la operación del tranque de relaves El Mauro.

La cifra es parte del “Acuerdo Marco de Entendimiento y Cooperación Recíproca entre la empresa minera y los habitantes del Valle del Pupío”, firmado el 28 de abril de 2016 por representantes de la empresa del grupo Luksic y los “asesores legales de la comunidad”, un grupo de abogados que en octubre de 2015 perdieron la representación del Comité de Defensa de Caimanes -después de ocho años representándolos contra la minera- por falta de confianza con sus clientes, pero que siguieron representando a una sociedad colectiva de habitantes de la localidad al interior de Los Vilos.

Un acuerdo por el que MLP desembolsará 24.700 millones de pesos en total y que podría aumentar en 30 millones de dólares extra si deciden ampliar la operación del mismo tranque, con el que consiguieron despejar uno de los juicios en su contra por el polémico tranque -declarado peligro para la vida humana por la Corte Suprema en 2014- si la comunidad así lo decide.

El entendimiento

Así lo señala el texto del Acuerdo Marco al que accedió The Clinic Online entre la minera del grupo Luksic y la comunidad, que fue firmado a fines de abril y luego ratificado a mediados de mayo pasado, aunque siendo resistido por los principales querellantes contra la operación de MLP: el Comité de Defensa de Caimanes, liderado por el dirigente Cristián Flores.

Pero aunque Flores y los descolgados del convenio siguen en batalla judicial, ahora con la representación del abogado Esteban Vilchez, el documento tomó relevancia jurídica el pasado 2 de junio con el avenimiento aprobado por la Corte Suprema en una de las causas de los pobladores de Caimanes contra la empresa y más aún el lunes 8 de agosto al ser considerado por la Corte de Apelaciones de La Serena para revocar la orden de demolición del muro de contención del tranque, que había resuelto el Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos en marzo de 2015.

Según el fallo del tribunal de alzada, las mejoras acordadas con la comunidad en ese documento junto con el plan de obras propuesto en noviembre de 2014 por MLP, permitirían dar cumplimiento con el fallo del máximo tribunal para permitir el libre escurrimiento de las aguas del Estero Pupío hacia el poblado de Caimanes, sin la demolición del muro.

Coincidentemente, el “Acuerdo Marco” comenzó a gestarse -según lo establece el mismo documento- el mes posterior a ese fallo, en abril de 2015, con los primeros acercamientos entre la empresa y la comunidad para buscar una forma consensuada de realizar las obras que la Corte Suprema había ordenado en su fallo de octubre de 2014.

El proceso terminó el 18 de mayo pasado cuando Robert Mayne-Nicholls anunció que el 81% de los habitantes de Caimanes y del resto de las comunidades del valle del Pupío habían suscrito al acuerdo. “Una clara mayoría de los habitantes de Caimanes, Rincón y Pupío decidió dejar atrás el conflicto e iniciar una relación distinta con Minera Los Pelambres”, dijo el gerente general de MLP en esa oportunidad.

En el intertanto, según establece este documento, se realizaron 12 foros, diversas asambleas públicas y reuniones desde septiembre a diciembre de 2015, con observadores de la ONG Chile Transparente y la participación de un asesor técnico independiente para la comunidad como contraparte. Incluso se organizaron visitas al tranque luego del terremoto 8,4 en la escala de Richter ocurrido el 16 de septiembre de 2015 con epicentro en la región de Coquimbo, para verificar en qué condiciones estaba.

Sin embargo, en medio de ese proceso, los abogados de Ossa y Cía perdieron la representatividad del Comité de Defensa de Caimanes y dejaron de representarlos. Cristián Flores, su presidente, señaló que a pesar de haber firmado un documento autorizando el proceso de diálogo con la empresa en un principio, posteriormente estimaron que el acuerdo no era lo mejor para la comunidad si es que ésto no incluía la remoción del muro de contención del tranque de desperdicios mineros.

Pero el proceso siguió su curso y el equipo de abogados que antes había conseguido ganar en la Corte Suprema contra la minera, continuó trabajando como puente entre los habitantes de Caimanes y la empresa para conseguir un acuerdo. Una anotación más para la hoja de vida de un polémico abogado especializado en temas tributarios y civiles.

Literalmente, dejaron de representar a los dirigentes con los que habían logrado el triunfo en la Suprema, pero se quedaron con parte de la comunidad como representantes de la Sociedad Colectiva Civil Defensa Comunidad Pueblo de Caimanes para llevar adelante un proceso de “consulta ciudadana” certificado en una notaría de Los Vilos, en el que participó el 63,6% de los miembros de la comunidad habilitada para votar según el último censo y que recibió el apoyo del 92,4% de los consultados.

En él, sin embargo, no se alcanzó el quórum mínimo de participación que se había acordado (70%), pero al contar con un “resultado ampliamente mayoritario” de 58% de apoyo total de la comunidad y ante la insistencia de las juntas de vecinos de a zona, éste se dio por aprobado.

Según señalaron desde la Los Pelambres a este medio, luego de ese proceso, los vecinos enviaron una carta a MLP (enero 2016) con la firma de más de 400 personas, exigiendo el cumplimiento del acuerdo. “Frente a esta situación, MLP manifestó su disponibilidad, siempre que el acuerdo demostrara contar con una amplia mayoría de los vecinos de Caimanes. Eso es lo que ocurrió en abril, cuando el 81% de los vecinos firmó ante notario el acuerdo. Por lo tanto, se logró incluso un quórum mayor”, aseguraron.

De esa forma, el 29 de enero de este año se inició el proceso de formalización del acuerdo, que debía tener la mayoría absoluta de los miembros de la comunidad y contar con el patrocinio de las juntas de vecinos para “llevar al término de los juicios actualmente existentes”.

El último punto, un detalle importantísimo para el acuerdo y, por ende, para el pago de los 3.100 millones de pesos en total que contempla para los abogados que allanaron el camino. Esto porque según estipula el documento, la minera pagará por cuenta de los Habitantes del Valle el costo de los honorarios y costos legales de los abogados que “históricamente han representado a la comunidad” a cambio de que los juristas y la sociedad que representan (Sociedad Colectiva Civil Defensa Comunidad Pueblo de Caimanes) otorguen expresamente “el más amplio, completo y total finiquito a MLP y a sus representantes, ejecutivos y trabajadores, por cualquier hecho o situación relacionada con todos los procesos judiciales o administrativos que han existido en el pasado que directa o indirectamente digan relación con el Tranque El Mauro, su operación o cualquier actividad de Pelambres, o lo actuado en relación al proceso de diálogo, el presente Acuerdo y su negociación, renunciando a mayor abundamiento a toda acción, recurso o demanda, cualquiera sea su naturaleza, instancia o sede, ya fuere civil, penal, administrativa o arbitral, sobre ese respecto”.

El dinero, según dice el documento al que tuvo acceso este medio, será pagado por vales vistas que se dejarán en custodia en una notaría de Santiago “sólo una vez que se cumpla la condición suspensiva específica copulativa establecida en el acápite 7.4 de este acuerdo”. El texto deja expresa constancia que el pago de las costas es parte del avenimiento que aprobado el 1º de junio por la Corte Suprema.

El acuerdo para “extender la vida útil del Tranque El Mauro”

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Fuente Foto: eldesconcierto.cl

Junto con el pago de honorarios y gastos a los abogados del estudio Ossa y Cía, el acuerdo contempla una importante inversión en la zona por parte de Minera Los Pelambres, los que suman en total 24.730 millones de pesos y que puede ampliarse en 30 millones de dólares extra, si es que la empresa decide “extender la vida útil” del tranque de relaves. Hasta el momento, el tranque tiene permiso para operar hasta el año 2035, según explicaron desde la empresa.

En el desglose, el convenio considera un monto no superior a los 9.800 millones de pesos para las obras tendientes a permitir el libre y natural escurrimiento de las aguas del Estero Pupío a la localidad de Caimanes, libre de contaminación de desechos provenientes del Tranque El Mauro, y que aportan mayores niveles de tranquilidad a las familias del valle del Pupío.

Además, como medidas adicionales se acordó que MLP mantendrá una o más pólizas de seguro de responsabilidad civil general con un valor de cobertura total acumulado mínimo de aproximadamente 50 millones de dólares de los Estados Unidos de América. También se dispuso un Fondo de Desarrollo Familiar de 9.800 millones de pesos, destinado por la comunidad.

Junto a eso, contempla restituir 170 millones de pesos aportados en 2008 por algunos miembros de la comunidad al Comité de Defensa Personal de Caimanes, aplicar un programa de empleabilidad durante 2017 y 2018, que los caimaninos participen como guías de la sala museo Monte Aranda y que miembros de la comunidad inscritos puedan usar porciones del terreno de propiedad de MLP en el sector Romero/Tipay para uso agrícola y tránsito, abrevadero y corral.

Pero uno de los puntos más relevantes del acuerdo entre la empresa de los Luksic y la comunidad de Caimanes es la creación de un Fondo de Desarrollo Comunitario de 5.130 millones de pesos, dividido en pagos iguales durante 10 años -con un máximo adicional de 3 millones de dólares extras por cada uno de esos 10 años- “en el evento que la vida útil del Tranque El Mauro se extienda”.

El documento señala expresamente que se acordó que en el caso de que MLP lleve adelante un proyecto de extensión de la vida útil, debe considerar no construir nuevos tranques de relaves en los fundos Tipay, Romero y Monte Aranda, salvo que la comunidad lo autorice, y que el “crecimiento del muro del Tranque El Mauro no superará 63 metros por sobre la cota máxima actualmente autorizada, salvo autorización de la comunidad, expresada en un proceso de participación o consulta ciudadana”.

Consultados por este punto, desde la empresa afirmaron desde MLP, esto implica que la minera “se compromete a una serie de cosas, entre ellas a no construir otros tranques en terrenos que tiene en el mismo valle y a limitar el crecimiento de El Mauro. De hecho, el acuerdo deja claro que cualquier crecimiento más allá de lo que hoy está autorizado, debe someterse a los procesos de aprobación respectivos (EIA entre otros), con participación ciudadana. No existe en el acuerdo un compromiso mayor de los vecinos sobre el tema”.

El escrito señala también que el diseño de las nuevas obras deben cumplir con la normativa ambiental vigente en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y que éste “en caso hipotético de un colapso del muro, el relave no llegue al límite actual del pueblo de Caimanes”.

MLP: “Llegamos a un buen acuerdo con la inmensa mayoría de los vecinos”

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Para la empresa de los Luksic, el proceso significa el comienzo de una nueva era. “Luego de más de una década de desencuentros, esperamos poder construir ahora una visión común de desarrollo con los vecinos de Caimanes y del resto del Valle del Pupío. Por eso, para mi este es un día histórico”, indicó Robert Mayne-Nicholls cuando hicieron público el acuerdo, en mayo pasado.

Sobre los honorarios de los abogados de Ossa y Cía, la empresa dice que no participó en la definición de los honorarios y gastos, pero en su momento los pagará por instrucciones de la comunidad, tal como fue aprobado en asambleas públicas y consta en el acuerdo suscrito por el 81% de los vecinos.

“La comunidad definió que como parte del acuerdo era necesario compensar a sus abogados, además de devolver lo que ellos habían gastado en los juicios durante más de 8 años (informes periciales, pasajes, alojamientos, etc). Es la misma comunidad la que fijó el monto de los honorarios y gastos con sus abogados, lo que fue aprobado en asambleas abiertas y públicas. Consideraron en este tema además que parte de los vecinos había firmado un acuerdo con esos mismos abogados por un monto mayor de honorarios y gastos. De hecho, para facilitar el acuerdo, los abogados renunciaron a ese entendimiento”, señalaron.

Para la empresa minera, que es parte de Antofagasta Minerals, el denominado brazo minero del grupo Luksic, los cuestionamientos a los abogados de Ossa y Cia representan a mayoría de los vecinos, de acuerdo a la decisiones que los habitantes de Caimanes tomaron en asambleas públicas. “Ellos fueron los abogados definidos por la comunidad para asesorarlos en todos el proceso de negociación y participaron en cada una de las reuniones y acuerdos, además de representar a parte de ellos en 8 años de juicios. Existe una minoría, menos del 19% de los vecinos, que no apoya el acuerdo y buscó nuevos abogados. Nosotros no podemos involucrarnos en ese tema”, informaron.

La empresa además desestima los cuestionamientos a la Sociedad Colectiva Civil Defensa Comunidad Pueblo de Caimanes, que supuestamente fue disuelta a fines de 2013 y en la que participaba un grupo de habitantes que en octubre del año pasado le revocó poder a Ossa y Cía.

“Se desechó esta argumentación porque el mandato subsiste a pesar de la disolución de la sociedad y sólo podría ser revocado por la mayoría de las personas que componen la comunidad que surge luego de su disolución, lo que no ocurrió. Este es un tema técnico legal que fue especialmente revisado y resuelto por la Corte Suprema”

Finalmente, sobre el convenio firmado con los abogados, la empresa sostiene que el acuerdo con ellos fue “porque representan a la mayoría de la comunidad, tal como quedó demostrado en todas las instancias de participación que la misma comunidad fijó. El problema de la minoría es que son minoría y ya no representan a Caimanes. De hecho, su máximo líder no vive en la localidad desde hace varios años. En todo caso, quienes no firmaron el acuerdo mantienen la posibilidad de ejercer los derechos que crean que les corresponden”, agregaron.

“Estamos seguros que llegamos a un buen acuerdo con la inmensa mayoría de los vecinos, aunque entendemos que siempre existen grupos minoritarios que persiguen otros intereses y que pueden contratar nuevos abogados”, señalaron.

Consultados por este medio, los abogados de Ossa y Cía no quisieron referirse a este tema y señalaron que todo está resuelto en tribunales.

Fuente: theclinic.cl

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