Salar de Atacama v/s SQM

La Superintendencia de Medio Ambiente deberá determinar si aprueba el plan presentado por la minera luego que fuera sancionada por seis graves infracciones. Según Alonso Barros, abogado de la Fundación Desierto de Atacama, la propuesta de la compañía es parte de una estrategia para ganar tiempo y continuar con la explotación del Salar.salar-678x330

Durante los próximos días la Superintendencia de Medio Ambiente podría aprobar o rechazar el plan de cumplimiento presentado por SQM en enero de este año para seguir explotando el Salar de Atacama. Esto, luego que la institución formulara cargos contra la minera en noviembre de 2016.

De acuerdo a lo estipulado en el documento,
SQM cometió seis graves infracciones sobre el Salar, lo cual le estaría costando una multa de 23 millones de dólares. Sin embargo, para evitar el pago de dicha suma, la compañía generó un plan de cumplimiento de 18 millones de dólares que buscaría subsanar los daños al Salar de Atacama para continuar su explotación.

Alonso Barros, abogado de la Fundación Desierto de Atacama, es enfático en señalar que no hay argumentos para aprobar la propuesta de la minera, pues el plan es insuficiente. El jurista explica que una de las ideas contenidas en el texto es hacer un estudio de impacto ambiental que puede demorar hasta 36 meses. Durante todo ese tiempo SQM podría seguir explotando el Salar, tal como lo hace en la actualidad.

Desde su perspectiva, “parece muy grave una propuesta de regularizar la extracción en tres años, mientras se sigue explotando litio y salmueras de maneras poco controlada y muchas veces en exceso”. Así, califica como una “provocación de SQM, una forma de demostrar su poder porque ahora es cuando se están muriendo los árboles. El mayor impacto es el gran daño a la biodiversidad, hay una disminución de la vegetación en un 50 o 60 por ciento”.

Según Barros, esto es parte de una estrategia de la minera para ganar tiempo y continuar con la extracción. “No tienen el permiso para hacer lo que hacen, alteraron cotas y cometieron una serie de incumplimientos. Lo que proponen no es serio, no hay un plan de recuperación de flora y fauna de la cuenca, de biodiversidad. Están tratando de seguir operando en condiciones insustentables que, como se ha demostrado, han dañado el Salar”.

Por su parte, la diputada Cristina Girardi (PPD), quien fue miembro durante el año pasado de la comisión investigadora del daño ambiental en salares, glaciares y cuencas hidrográficas, indicó que el panorama en el lugar es desastroso, por eso acusó de inoperancia a la Superintendencia del ramo.

Según Girardi, todas las superintendencias en Chile trabajan para el regulado y no para el Estado y el bien común. “Tenemos muy poca acción real respecto de estos organismos. Hay presiones por todos lados que no logran cumplir con el propósito de estas instituciones. Finalmente velan por los intereses del fiscalizado”.

La diputada manifestó que sería gravísimo que se aprobara el plan presentado por SQM, ya que la zona está muy afectada. En su opinión, se debería cesar la explotación del litio en el sector. “El daño que tiene el Salar de Atacama no admite seguir explotándolo. Eso está evidenciado en los antecedentes que nosotros entregamos. Este es un tema histórico y de todos los compromisos que ha hecho el Estado sobre controlar, monitorear y no profundizar el daño, ninguno se ha cumplido”.

Además, agregó que es común en estos espacios que “la extracción de agua de las salmueras, seque y mate el salar. Hay situaciones terribles en las cuales los flamencos deben anidar en los relaves, pues creen que eso es agua”.

 

Las infracciones de SQM

De las seis faltas que la Superintendencia determinó tres son graves, dos leves y una es gravísima, las cuales exponen a la compañía a la pérdida de su Resolución Ambiental (RCA), la clausura de la explotación del Salar o, como ya se ha señalado, una multa en torno a los 23 millones de dólares.

De acuerdo al documento emitido por la institución de Medio Ambiente, entre 2013 y 2015 la minera extrajo salmuera por sobre lo autorizado, afectó la vitalidad de los algarrobos, entregó información incompleta respecto de la extracción de agua dulce, presentó planes de contingencia deficientes, contribuyó a la afectación de las variables de PH y salinidad del suelo y modificó las variables consideradas en los planes de contingencia sin contar con la autorización de la autoridad ambiental.

Desde el punto de vista penal, Alonso Barros explica que las infracciones más graves serían la usurpación de salmueras y su sobre explotación, además del daño calificado a la biodiversidad del Salar. El abogado comenta que es importante considerar que se trata de especies protegidas del desierto más árido del mundo.

Además, agregó que desde el punto de vista de los derechos humanos, hay delitos económicos que implican robo de aguas que, si bien no aparecen en el informe, pueden potenciar que se adelanten causas criminales gravísimas.

Fuente:  Radio Universidad de Chile

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