Otros aspectos relevantes de la minería extractiva chilena

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A propósito de hoy, que se “celebra” el Día del Minero, es importante destacar otros aspectos de la minería extractiva. Como por ejemplo, el Estudio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que plantea en 10 años, el Estado chileno le ha regalado a las 10 más grandes corporaciones mineras 120 mil millones de dólares, cifra que equivale aproximadamente a un 45 por ciento del PIB nacional del año 2014 o una pérdida anual de unos doce mil millones de dólares. Un proceso que es producto de políticas de Estado consensuadas, de una institucionalidad instalada durante la dictadura y reforzada y consolidada durante la transición, que trasciende gobiernos y ciclos económicos.

En diez años, el Estado chileno le ha regalado a las 10 más grandes corporaciones mineras el equivalente a 2.560 teletones, a 778 hospitales de última generación o a un flujo anual equivalente a la gratuidad completa en la educación más los recursos pretendidos por la reforma tributaria. Todo ello “legalmente”. En compensación, el país se queda con la contaminación del aire, agua y suelo; la pérdida irreversible de aguas subterráneas y glaciares, la inmoral desigualdad de ingresos y otros efectos perjudiciales del “extractivismo”.

La riqueza que el Estado chileno ha entregado a las grandes corporaciones mineras durante los últimos nueve años se estima en 120 mil millones de dólares, cifra que equivale aproximadamente a un 45 por ciento del PIB nacional del año 2014 o una pérdida anual de unos doce mil millones de dólares. Un proceso que es producto de políticas de Estado consensuadas, de una institucionalidad instalada durante la dictadura y reforzada y consolidada durante la transición, que trasciende gobiernos y ciclos económicos.

Este monumental volumen de capital surge de un cálculo que aparece en un acucioso estudio “Nuevas estimaciones de la riqueza regalada a las grandes empresas de la minería privada del cobre: Chile 2005-2014”, publicado la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. El estudio fue elaborado por el Profesor Titular y Director de Posgrado, Ramón López y el Profesor Titular y Director del Departamento de Economía, Eugenio Figueroa y los estudiantes de doctorado en economía Gino Sturla y Simón Accorsi.

En el texto, que El Ciudadano reproduce de forma exclusiva, los autores enfatizan que si estas empresas hubiesen sido obligadas a pagar al fisco estos 120 mil millones de dólares, “su inversión y producción total habrían sido idénticas a las que en realidad ocurrieron, pero el país se habría beneficiado de esa cifra”.

Para hacerse una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, es posible hacer algunas comparaciones, como inversiones en infraestructura o programas sociales públicos. El costo de un hospital complejo y de alta calidad, como el Hospital del Carmen de Maipú, es de 155 millones de dólares. Esto implica que con la renta apropiada por las corporaciones mineras se podrían construir 778 hospitales. La Teletón es otro referente sencillo para comparar la renta apropiada. Durante la Teletón 2016, esta institución logró recaudar aproximadamente 47 millones de dólares. Con el monto minero se podrían financiar nada menos que 2.560 teletones.

Otra base de comparación son los programas sociales. La gratuidad en la educación, tal como inicialmente la planteó este gobierno, requiere recursos equivalentes a casi 5.000 millones de dólares por año. Por su parte, la reforma tributaria promulgada el 2015 pretende recaudar unos 7.000 millones de dólares anuales. Si se suman ambos montos, se obtiene aproximadamente 12.000 millones de dólares anuales, suma equivalente a la renta apropiada cada año por las grandes multinacionales del cobre.

La renta apropiada por las corporaciones mineras constituye un regalo realizado por el Estado chileno que no es inocuo ni para el país ni para la sociedad. Para los autores, se trata de un regalo totalmente innecesario, esto es, si el Estado cobrara legítimamente este monto no se afectaría de modo alguno la producción ni la inversión del sector minero. Al entregarle el Estado estos recursos a las grandes mineras, los gobiernos impiden el acceso a mejores programas públicos a un gran número de ciudadanos. Programas cuyos costos serían de al menos unos doce mil millones de dólares anuales. Y hay, por lo menos, un tercer factor: el impacto en el medio ambiente. Una de las actividades extractivas e industriales más contaminantes y depredadoras en sus entornos es sin duda la gran minería.

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¿Qué es la renta económica? Básicamente, se refiere a una retribución económica excesiva obtenida por un actor económico específico. En otras palabras, se entiende como el pago por sobre el monto necesario para permanecer en una determinada actividad económica. Renta excesiva, codicia, utilidades sin límites.

Una de las características más relevantes de las economías basadas en recursos naturales, como es el caso de la chilena, es que tienden a generar cuantiosas rentas económicas, las cuales pueden engrosar los retornos de capital llevándolos a niveles muy por encima de rentabilidades normales. Esta situación está en Chile incluso amplificada en cuanto el Estado entrega concesiones de exploración y explotación minera de forma exclusiva y a perpetuidad. Bajo estas normativas, al 2013, el 42 por ciento de la superficie total del país ya estaba concesionada y correspondía a prácticamente todas las zonas con potencial minero. A partir de estos datos, podemos decir que en Chile el cobre ya está entregado a perpetuidad a las corporaciones mineras, lo que impide que ingresen otros actores. Este orden, que se conoce como un régimen con barreras de entrada, es en los hechos un regalo exclusivo y ad eternum a estas corporaciones. La única forma que otros actores ingresen a este suculento mercado es a través de la compra de acciones o asociación con estas compañías.

Pocos trabajos se han realizado en Chile sobre la renta minera. Está, sin duda, el estudio elaborado por el Banco Mundial el 2011, citado en el informe de marras, en el cual se puede observar, de forma comparativa, cómo las políticas mineras chilenas han favorecido de manera descarada a las corporaciones privadas. Sobre estas normativas, Chile ha pasado a ser el mayor productor de cobre del mundo, con más del 30 por ciento del total mundial, seguido bastante de lejos por China y Perú, con el 8,7 y el 7,5 por ciento de la producción. Junto a esta condición, el país también lidera el ranking mundial de renta minera: entre los seis mayores productores, la renta chilena supera por varias veces a países como el Congo, Perú, Australia o China. Las normativas chilenas se han hecho a la medida de las grandes corporaciones.

Este es un hecho de la causa. Las políticas mineras chilenas han buscado atraer con bajos y nulos impuestos a grandes inversionistas. Y han tenido éxito si observamos los altos volúmenes de producción o las ingentes utilidades de estas corporaciones. Un proceso virtuoso que sin embargo muere aquí: la gran minería no crea numerosos empleos, no es una actividad con efectos importantes sobre otros sectores de la economía y tiene desastrosas consecuencias sobre el medio ambiente. Y hay, por último, otro factor aún más complejo. El poder que adquieren estas empresas frente a la clase política y las elites es tal que su capacidad de lobby e influencia las ha convertido en actores poderosos a la hora de mantener sus privilegios.

Un reciente trabajo de Eduardo Gudynas, analista de CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social), titulado “Corrupción y extractivismos. Una mutua dependencia” ublicado en El Ciudadano, adelanta un próximo informe sobre este mal que crea en todos los países que viven de sus recursos naturales. Los casos citados por Gudynas abarcan desde el petróleo, la minería, la pesca o los monocultivos, como la soya o las forestales. Van desde Petrobras, el gas natural argentino, la estatal venezolana PDVSA, a SQM o Corpesca en Chile. Cohechos y sobornos, compra de políticos para una legislación a la medida de sus intereses.

DEPENDIENTES DE RECURSOS NATURALES

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En los albores de la transición y ante los alcances del modelo neoliberal de libre mercado desregulado un discurso económico circulaba bajo los paradigmas oficiales. Economistas independientes, de la entonces Concertación, incluso cuadros técnicos de los gobiernos, discutían sobre la necesidad de dejar la dependencia de la explotación y exportación de recursos naturales e impulsar una “segunda fase exportadora” que permitiera la industrialización, la elaboración de manufacturas y la generación de más y mejores empleos. En suma, una producción más limpia y una mejor distribución de la riqueza.

El debate nunca llegó a convertirse en política de Estado. El modelo de libre mercado siguió campeando a sus anchas y el modelo exportador basado en commodities se instaló como parte de nuestra naturaleza. Las manufacturas se dejaron para otras latitudes y Chile volvió a consolidarse como un gran extractor de sus recursos naturales. Volvió a hacerlo con intensidad renovada, y reprodujo con comodidad los mismos modelos de los siglos XIX y XX.

La discusión no está en ningún caso terminada. Aun cuando está eliminada desde las esferas oficiales y de las elites económicas que han concentrado una riqueza inusitada bajo este modelo, ha tomado nuevos bríos en amplios sectores de la sociedad civil. El extractivismo de materias primas nos hace cada vez más dependientes del gran capital financiero, de las políticas de los organismos financieros internacionales y de los ciclos económicos, además de vulnerables a la corrupción. Todo ello junto a los nocivos efectos ambientales y sociales. El extractivismo y la dependencia exportadora, son una amenaza a la economía y a la sociedad chilena.

La minería tiene una gran incidencia en la conformación del PIB nacional, pero no tiene la misma correlación con la generación de empleos. Por ello el drama laboral social no es todavía nacional aun cuando sí regional y provincial tras la caída de los precios de los minerales. Según información del Banco Central, el 2006 (año previo a la gran crisis hipotecaria global) el PIB minero correspondía a más del veinte por ciento del PIB nacional, en tanto el 2015, tras el desplome de los números, ha descendido a poco más del diez por ciento.

No puede decirse lo mismo con el empleo. Con unos 200 mil puestos de trabajo, según el INE, el sector minero tiene una mínima incidencia de menos del tres por ciento en el total nacional, que se empina hacia los nueve millones de personas. Es por ello que pese a estos despidos y sus proyecciones, que están afectando de forma intensa las zonas mineras, la tasa de desempleo nacional se ha mantenido más o menos estable en torno a un 6,5 por ciento. Aun así, desde las estadísticas del INE ya se desprenden estas inquietantes cifras. Para el instituto, el sector minero ha perdido durante el último año cerca de 36 mil puestos de trabajo, o más del 15 por ciento.

Es el mercado el que regula la producción, la inversión, los precios del mineral y, por cierto, las utilidades del gran capital. En este contexto, la reducción de costos para mantener las tasas de ganancias pasan de forma prioritaria por la eliminación de puestos de trabajo. Una estrategia en la cual los gobiernos y el Estado chileno son meros observadores. Estas corporaciones, que han ganado históricamente miles de millones de dólares mediante la extracción de minerales, reduce y, en no pocos casos, también cierra actividades dejando a miles de personas en la calle. Empresas como Escondida, que el 2015 ganó 2.413 millones de dólares o Antofagasta Minerals, con ingresos por 3.394 millones el mismo año de un bajo precio promedio del cobre, tienen programas de reducción de puestos de trabajo en plena marcha.

EL MAL DEL EXTRACTIVISMO

La dependencia de la economía chilena al extractivismo es total. En los hechos, las exportaciones de minerales ocupan más de la mitad del total nacional, en tanto las de recursos naturales cerca del 95 por ciento. El cambio en la demanda externa y la caída de los precios internacionales afecta a las corporaciones, a la economía nacional, a los trabajadores y a la sociedad.

Como se ha citado, el mantenimiento del modelo exportador primario nos deja en una situación de extrema vulnerabilidad ante los ciclos económicos externos. Ya bancos de inversión han publicado que junto a Brasil, Chile es la economía latinoamericana que más riesgos enfrenta ante la actual coyuntura internacional. Un riesgo que tiene a lo menos tres aspectos que se retroalimentan entre sí. De partida, está la total dependencia a las oscilaciones de los precios internacionales de las materias primas; en segundo término, está la creciente concentración de las exportaciones en China y Asia, con más de un 40 por ciento del total. Por último, por lo menos un 20 por ciento de las exportaciones están dirigidas hacia otros países latinoamericanos, todos ellos víctimas del mismo mal y también dependientes de exportaciones primarias. Este cóctel condujo a una caída del 15 por ciento del total de las exportaciones el 2015 y a una merma del 18 por ciento de las mineras.

Chile ha vivido en varias etapas de su historia económica este síndrome. Padeció como pocos países en el mundo a comienzos del siglo XX con la economía basada en el salitre, volvió a sufrir por motivos distintos las consecuencias de su dependencia externa hacia comienzos de la décadas de los 80 y hoy, con una economía abierta basada exclusivamente en la extracción de recursos naturales, se enfrenta nuevamente a las desventuras de los mercados mundiales.

El cientista político chileno Fernando Duque afirma que “en los próximos cuatro o cinco años el producto interno chino en el mejor de los casos se mantendrá estancado y es probable que este producto caiga varios puntos porcentuales. En el peor de los casos, la proyectada recesión puede que se transforme en una gran depresión con caídas del producto por sobre el 10% por año”.

Desde inicios de esta década a la fecha el precio del cobre ha perdido casi la mitad de su valor, con efectos muy significativos para las arcas fiscales. Aun cuando tras el triunfo de Donald Trump ha habido una recuperación de los precios de las materias primas (petróleo incluido), este fenómeno será sin duda pasajero en una escena de extrema inestabilidad por las desconocidas y sorprendentes políticas del nuevo inquilino de la Casa Blanca. En este trance, lo concreto es que los aportes de Codelco al Fisco se redujeron el año pasado casi a cero, cayendo en una malograda situación financiera que obligó al Fisco a realizar una inyección de capital a la minera estatal.

La condición actual de Codelco no es ajena a las políticas mineras hacia el sector privado. Desde hace décadas analistas y estudiosos han criticado este orden económico en cuanto ha llevado las contradicciones del capital a niveles intolerables al mismo tiempo que el Estado regala sus riquezas y sus recursos naturales.

Hemos ingresado en un nuevo ciclo, con bajos precios de los minerales, reducción de costos y alto desempleo, en el cual la apropiación de la riqueza por la renta regalada continuará con su rumbo. En la otra cara, efectos sociales y políticos en creciente tensión.

La renta regalada, la privatización de los recursos naturales y el extractivismo ingresó desde hace ya más de un año en este nuevo y más opaco ciclo económico. Un cierre, que ha abierto otros escenarios, con recortes de programas sociales, aumento del desempleo y de los niveles de pobreza. Un cierre no sólo económico, sino también político, que llevará a todos los gobiernos oficiantes de este modelo a perder sus bases de apoyo. En nuestro caso, con gobiernos inestables y casi nulos respaldos políticos ciudadanos, una crisis económica nos puede conducir a una escena impredecible.

Fuente: elciudadano.cl

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